RUTA ATLÁNTICA, SAHEL E ISLAS CANARIAS: DESDE LA RESTRICCIÓN DE SALIDAS HASTA UNA GOBERNANZA MIGRANTE PROACTIVA.
Este Policy Paper propone orientaciones estratégicas y operativas para reforzar la coherencia de las respuestas públicas frente a las dinámicas migratorias que vinculan el Sahel, África Occidental y las islas Canarias.
Resumen ejecutivo
Este Policy Paper propone orientaciones estratégicas y operativas para reforzar la coherencia de las respuestas públicas frente a las dinámicas migratorias que vinculan el Sahel, África Occidental y las islas Canarias. Se basa en los intercambios de un taller de inteligencia colectiva organizado en Gran Canaria, que reunió a representantes institucionales, fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales, actores humanitarios, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, representantes europeos y africanos, así como expertos en rutas migratorias, protección, criminalidad organizada y cooperación al desarrollo.
El diagnóstico compartido es claro: la ruta atlántica no puede entenderse ni gestionarse como un fenómeno estrictamente marítimo, ni como una crisis exclusivamente canaria, española o europea. Constituye la expresión visible de un sistema regional mucho más amplio, estructurado por los conflictos, la inseguridad, las transformaciones socioeconómicas, las aspiraciones de la juventud, las dinámicas familiares, las redes de diáspora, las políticas de visados, la cooperación en materia de seguridad, las economías informales y los mecanismos de facilitación ilícita.
Los debates subrayaron que la reciente disminución de las llegadas visibles a Canarias no significa necesariamente una reducción de la presión migratoria. Varios participantes describieron una situación de contención, suspensión y algún desplace más que una transformación estructural. Las salidas desde ciertos puntos históricos se han visto limitadas por el refuerzo de los controles en Senegal y Mauritania, pero los factores de salida persisten. Las rutas se desplazan hacia zonas más meridionales, en particular Gambia, Guinea o Guinea-Bisáu, mientras que algunos candidatos a la migración permanecen a la espera en zonas mineras, agrícolas, urbanas o fronterizas.
Esta reconfiguración conlleva un riesgo mayor: cuando las políticas públicas se centran exclusivamente en la reducción de los flujos visibles, pueden desplazar los itinerarios, aumentar los costes del viaje, reforzar la dependencia de los intermediarios y aumentar la vulnerabilidad de las personas en movimiento. La experiencia de Níger, mencionada en varias ocasiones, ilustra este mecanismo: la criminalización de la migración irregular en países de origen y tránsito no suprime necesariamente los movimientos, sino que los hace más clandestinos, menos visibles y más peligrosos.
El papel de las economías criminales y de las redes de facilitación constituyó uno de los ejes centrales del taller. Los intercambios pusieron de manifiesto una profesionalización progresiva de ciertos segmentos del sistema: reducción de los tiempos de espera, uso de grupos cerrados de WhatsApp, pagos por etapas, recurso creciente al dinero móvil (mobile money), fragmentación de las compras de combustible, transbordos en pequeñas embarcaciones hacia barcos más grandes, diferenciación entre perfiles de migrantes y perfiles de facilitadores, así como diversificación de las nacionalidades, de las mujeres y de los menores presentes en ciertas rutas. Esta profesionalización no siempre implica la existencia de estructuras criminales jerárquicas comparables a mafias clásicas. Refleja más bien la rápida adaptación de un ecosistema de facilitación a un entorno de control más arriesgado.
El caso maliense ocupa un lugar central en este análisis. Las movilidades malienses no pueden reducirse a una decisión individual o económica. Se inscriben en lógicas familiares, comunitarias e históricas. El deterioro de la seguridad, los desplazamientos internos, la pérdida de medios de subsistencia, los retornos difíciles, la presión social y la debilidad de las perspectivas locales crean una situación en la que la salida puede parecer una opción racional, incluso cuando es peligrosa. Para muchos jóvenes, la elección ya no se plantea entre seguridad y riesgo, sino entre dos incertidumbres: quedarse sin perspectivas o partir a pesar del peligro. Cabe destacar que las dinámicas de conflicto en Malí, con las regiones meridionales de Kayes y Sikasso cada vez más afectadas por las operaciones del GSIM, hacen que centros de migración históricamente tradicionales se encuentren sometidos a una presión de conflicto creciente.
El Policy Paper defiende, por tanto, un enfoque integrado: una estrategia duradera debe reducir simultáneamente la rentabilidad de las economías criminales, garantizar una continuidad de la protección a lo largo de los corredores, reforzar las posibilidades de movilidad legal y circular, invertir en formación y empleo a nivel territorial, involucrar a las familias y a las diásporas, proteger específicamente a las mujeres y a los menores, y anticipar los efectos no intencionados de los acuerdos migratorios.
Las islas Canarias pueden desempeñar un papel estratégico en esta arquitectura. En primera línea de la ruta atlántica, disponen de una valiosa experiencia operativa, institucional y humanitaria. Su posición geográfica y política les permite convertirse en una plataforma de diálogo, anticipación, cooperación descentralizada y producción de conocimiento entre Europa, España y África Occidental.
Mensajes estratégicos
1. Pasar de la reducción de los flujos visibles a la reducción de los peligros para las personas en movimiento.
Una disminución de las llegadas no significa necesariamente una disminución de las salidas, de la demanda migratoria o del riesgo. No se trata de identificar unas supuestas «causas profundas», sino de construir un diagnóstico más completo y holístico que permita anticipar y mitigar los efectos no intencionados de las políticas de contención, y reconstruir, en la medida de lo posible, salvaguardas para quienes decidan partir a pesar de todo. Los indicadores deben integrar las interceptaciones, las desapariciones, los desplazamientos de rutas, los costes, las violencias, los perfiles de las personas en movimiento y las vulnerabilidades acumulativas.
2. Atacar la rentabilidad de las economías criminales en lugar de a las personas migrantes.
La evidencia disponible sugiere que, hasta la fecha, los enfoques de justicia penal en Senegal y otros países han sido indiscriminados, arrastrando hacia el sistema judicial a actores de bajo nivel, a personas migrantes y a otros con vínculos muy limitados con el ecosistema de facilitación. La respuesta penal debe, por el contrario, priorizar a los organizadores, los intermediarios financieros, las redes logísticas y los actores responsables de las formas más peligrosas de facilitación, en lugar de centrarse únicamente en las figuras visibles o periféricas del paso.
3. Construir una capacidad de anticipación por corredor.
Las rutas migratorias funcionan como un sistema regional integrado. Los cambios de precio, de medios de pago, de puntos de salida, de perfiles, de mensajes digitales, de presencia de mujeres o de menores, y de violencia entre redes deben analizarse como indicadores de alerta temprana que señalan transformaciones en el ecosistema de facilitación, junto con los cambios de daños asociados a dichas transformaciones.
4. Hacer que la movilidad regular sea creíble, accesible y recíproca.
Las vías legales no pueden ser meramente simbólicas. Los visados, la movilidad circular, la formación profesional, la movilidad académica, la movilidad turística y profesional deben ser previsibles, comprensibles y estar conectados a las necesidades reales de los territorios de origen y de destino.
5. Reequilibrar la cooperación migratoria en torno al desarrollo territorial, la protección y la confianza.
Las asociaciones deben superar la lógica de la contención. Deben apoyar a los gobiernos locales, las economías territoriales, las familias, las diásporas, la formación, la reintegración, la gobernanza local y la lucha contra la corrupción.
6. Reforzar la implicación de Canarias en los procesos nacionales y europeos de gestión migratoria.
Canarias no debe limitarse a un papel de territorio receptor u observador. Su experiencia operativa y humanitaria de primera línea debe traducirse en una presencia estable en los espacios de decisión nacionales y europeos donde se define la política migratoria: mecanismos de coordinación con el Gobierno central, participación en los diálogos migratorios de la Unión Europea con terceros países, y su representación en los foros donde se negocian los acuerdos que afectan directamente a la ruta atlántica.